Colombia es un país en el que sigue primando el efectivo sobre los productos financieros como las tarjetas débito y crédito. Es un comportamiento natural en un territorio en el cual 28,2% de la población vive en condición de pobreza, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por lo que el acceso a las nuevas herramientas bancarias no es igual para todos los ciudadanos. Sin embargo, el reinado del papel moneda podría estar en peligro, pues dentro del Legislativo se mueve un proyecto que busca fortalecer el uso del plástico.
 

Se trata del proyecto de ley que radicó el senador Alfredo Ramos esta semana en el Congreso de la República, y que pretende desincentivar el uso del dinero en efectivo e incentivar el de medios de pago alternativos. La iniciativa, que es respaldada por la bancada del Centro Democrático, de la que forma parte Ramos, señala, entre otras cosas, que poniéndole fin a la moneda de papel se contribuye también al medioambiente.
 

Por ejemplo, argumentan dentro del documento que entre 2004 y 2015 se cortaron 277 mil árboles para producir los billetes del Banco de la República y se gastaron $1,3 billones.
 

El propósito fundamental de este proyecto de ley, que tiene 26 páginas, “es volver transparente el sistema financiero de Colombia”, dijo Ramos, que hoy, de acuerdo con estudios del Banco Mundial, el 38% del Producto Interno Bruto (PIB) está dentro de una “economía sumergida”. Es decir, una economía sobre la cual el Estado no tiene control y en la que resalta la ilegalidad, la informalidad y la corrupción.
 

En esta primera etapa, la iniciativa pretende incentivar el uso de medios electrónicos, como tarjetas débito, crédito y transacciones por internet y celular. Y para ello, el proyecto plantea tres estrategias: “Devolución de los puntos IVA de manera inmediata por usar dinero plástico, que el Estado haga todos los pagos a través de medios electrónicos y la creación de una contribución parafiscal para las transacciones de más de $10 millones, donde se pagará el 1% por cada transacción en efectivo”. Esto, según el congresista, con el fin de desincentivar la circulación de la moneda de papel en el mercado.
 

Asimismo, dijo, que con ese recaudo se pretende crear un fondo de promoción de medios de pagos electrónicos para fortalecer tecnológicamente las zonas más vulnerables y apartadas del país.
 

No obstante, el año pasado -octubre de 2014- el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de inclusión financiera, que de alguna manera se adelantó al objetivo de este fondo que propone el hoy proyecto del senador Ramos: “Esta ley permite la creación de entidades financieras que ofrecerán a todos los colombianos giros y transferencias a bajo costo mediante el uso de las nuevas tecnologías, con cobertura hasta en las regiones más remotas”, dijo el ministro de las TIC de ese momento, Diego Molano Vega.
 

Por ahora el proyecto está en la Comisión Económica del Senado, sin embargo, como es una ley ordinaria tendrá cuatro debates en cada una de las cámaras y no requiere mayorías especiales. Por ejemplo, 27 votos en plenaria del Senado para ser promulgada ley de la República.
 

Aunque ese es el escenario más optimista para la bancada del Centro Democrático, hay otros que opinan que si esta iniciativa se convierte en ley, no aguantará una demanda de inconstitucionalidad. “Si la mayor parte de las transacciones se hacen con tarjeta débito, eso funciona para los trabajadores formales, pero, ¿qué hacemos con las personas que tienen ingresos derivados de actividades informales?, esa es una pregunta que el Centro Democrático no ha podido responder”, señaló Jairo Bautista, de la Red de Justicia Tributaria.
 

Entre tanto, Bautista también dijo que es una propuesta desacertada en la medida en que viola el principio de cualquier economía que es la capacidad de las personas de tener dinero circulante, es decir, “desincentivarlo a partir de una estrategia de castigos y de desvalorización de capital, es una medida dictatorial”.

Y concluyó: “Esa es una idea que ha venido siendo alimentada por gremios del sector financiero que tienen un interés en intermediar la mayor parte del dinero de los colombianos”.
 

De todas maneras, el senador Ramos dijo que con este proyecto se benefician muchos colombianos que padecen del flagelo de la extorsión y la criminalidad, “pues a futuro cuando una persona sea objeto de un ilícito, quien quiera recibir ese pago tendrá que tener una cuenta para que le consignen y ahí quedará develado su nombre”.
 

Se espera que en abril del próximo año se defina la suerte de este proyecto que está firmado por los senadores Alfredo Ramos y María del Rosario Guerra.
 

Fuente: El Espectador, Colombia