El convenio fue firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de Costa Rica, y el Consejo de Transporte Público (CTP), El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
 

Con este convenio se pretende establecer el marco de gobernanza y las condiciones bajo las cuales se construirá la infraestructura de pago que permita modernizar la recaudación tarifaria en el servicio de transporte público masivo de personas, basada en un sistema único (multimodal) que funcionará con el uso de tarjetas bancarias de débito, crédito y prepagadas, según comunicó el BCCR mediante un comunicado.
 

La estructura del gobierno del proyecto considera la participación de un Comité Director integrado por el Ministro de Transportes, el Presidente Ejecutivo de Incofer, el Regulador General de la Aresep y el Presidente del Banco Central.
 

Según el BCCR, este comité estará encargado de proponer las políticas públicas que guíen el desarrollo del sistema.
 

Asimismo, de un Comité Coordinador responsable de la gestión técnica y operativa del proyecto, el convenio de cooperación también deja previsto el procedimiento para la conformación de Equipos Técnicos de Trabajo, integrados por personal experto de la industria financiera, del transporte público, de las organizaciones de usuarios, empresas concesionarias y organismos reguladores.
 

Inclusión en los pagos
 

Uno de los retos de la implementación del nuevo sistema es lograr que el mecanismo de pago sea inclusivo, lo cual significa asegurar que todas las personas con la necesidad de utilizar los servicios del transporte público en las modalidades de autobús y tren, cuenten con la seguridad de acceso real al instrumento de pago, en las mejores condiciones de calidad y costo, especificó el BCCR.
 

En Costa Rica actualmente circulan 8 millones de tarjetas bancarias en poder de más de 2,5 millones de ciudadanos, de las cuales 2,4 millones (30%) ya cuentan con la tecnología que adoptará el nuevo sistema de pago electrónico (el estándar Europay-MasterCard-VISA y la tecnología de pago sin contacto).
 

"El país cuenta con un nivel de bancarización superior al 65%, lo cual significa que existen en el país 1,3 millones de personas mayores de 15 años sin acceso a los servicios del Sistema Financiero Nacional, a quienes habrá que conectar con las entidades financieras formarles para dotarlos de una tarjeta que les permita pagar el pasaje con el nuevo mecanismo de pago electrónico", señaló el BCCR en un comunicado de prensa. 
 

Camino complejo
 

Si hay algo que colecciona Costa Rica en el tema de la creación de un plan de cobro electrónico en transporte público son fracasos y atrasos.
 

Desde el 23 de enero del 2014 se habla de este convenio. En su momento, se aseguró que el documento pretendía favorecer la seguridad en los autobuses, a los usuarios, a los empresarios y a las entidades de regulación. Además, servirá para crear un banco de datos (cuántas personas viajan, horarios y rutas). Los resultados siguen en espera.
 

Y es que tan complejo le ha resultado dar el salto al país en este tema que hasta le ha valido a jerarcas de la cartera de transportes su puesto.
 

Tal fue el caso de Sebastián Urbina, quien fungió como viceministro de transportes hasta el 23 de junio del 2016, y donde las tensiones con los grupos de autobuseros desencadenaron en la decisión de cambiar el interlocutor del Gobierno.
 

La apuesta de Urbina, y que no ha sido desmentida por la actuales jerarquías, es tener el proyecto andando en el 2018.
 

Eso sí, los avances más sobresalientes ha sido la convocatoria de mesas de diálogo para "rescatar la confianza entre los autobuseros, la sociedad civil y el Gobierno".
 

A la espera de una respuesta del gobierno, firmas comenzaron a desarrollar e instalar los equipos para efectuar pagos con tarjetas en autobuses de la capital, como es el caso de la startup Go Pass.
 

Fuente: El Financiero, Costa Rica