Dos textos presentados ante el Parlamento en distintas ocasiones, y desde dos flancos políticos distintos, tiene un objetivo en común: regular los aranceles y prestaciones de las tarjetas de crédito y débito, en el marco de la inclusión financiera que impulsa el Ejecutivo.
 

En 2011, los diputados Daniel Peña y Gonzalo Mujica presentaron el primer proyecto de ley, que tiene como objetivo, entre otras cosas, fijar los aranceles máximos que pueden cobrar los bancos por el uso de tarjetas de crédito y débito. En ese entonces, los legisladores pertenecían al Partido Nacional y al Frente Amplio, y ahora están en el Partido de la Gente y Mujica es independiente.
 

En 2015, el proyecto fue aprobado por los Diputados, y contó con el apoyo de todos los partidos pero tras la oposición del Poder Ejecutivo, fue archivado.
 

En marzo de 2017, el senador oficialista Leonardo De León presentó un nuevo proyecto, basado en gran parte en el de 2011, cuyo objetivo es fortalecer el proceso de inclusión financiera que ha sido impulsado por el Gobierno. De forma paralela, el proyecto anterior fue desarchivado, por lo que ambos están en el Parlamento para discutirse, uno por los diputados y el otro por los senadores.
 

Baja en aranceles y mejor regulación
 

El proyecto de 2011 busca que los aranceles cobrados a los comercios por usar tarjetas de crédito y débito desciendan a 2% y el 1%, mientras que el de De León fijaría el 1,5% para las de crédito y 0,5% para las de débito. Los comerciantes hoy deben pagar para las tarjetas de débito entre 2% y 2,2% y para las de crédito 4,5%.
 

Las partes responsables de ambos proyectos han tenido acercamientos para buscar similitudes y llegar a un proyecto común, desde el llamado hecho por Mujica a De León.  “A las diferencias que ya tienen los pequeños comercios con las grandes superficies, entendemos que no debemos sumarle diferenciales en cuanto a los aranceles que tienen que pagar por las tarjetas”, dijo De León. El proyecto de este último tiene el apoyo de gran parte del oficialismo. 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas no está de acuerdo con el proyecto de De León. El asesor del MEF, Martín Vallcorba, quien también es coordinador del Programa de Inclusión Financiera, había asegurado en marzo pasado que tenía dudas sobre los resultados de un hipotético tope a los aranceles. Aseguró que lo que pagan los pequeños comercios es “virtualmente lo mismo” que lo que pagan los de grandes superficies. “El camino que ha seguido Uruguay, con mejoras sustantivas y con un cronograma de futuras rebajas, ha dado buenos resultados y deberíamos seguir en esa línea”, declaró.
 

El constitucionalista Martín Risso considera que, en caso de provenir una iniciativa de este tipo de un lugar que no sea el Poder Ejecutivo, sería inconstitucional, porque entiende que se trata de un “producto financiero” que está siendo regulado. Por su parte, el abogado Julio Facal, asesor de nueve cámaras de comercios, asegura que lo que se estaría regulando es un servicio, no un producto. “Esto es un servicio financiero, no hay un producto. Los productos son los que vienen del sector primario, manufacturación, industria, etc”, dijo Facal a la prensa.
 

Fuente: lr21.com.uy