“No carte. No bancomat”. El cartel, que niega el pago con cualquier tipo de tarjeta de crédito y débito, cuelga en la entrada de un típico restaurante de Campo de’ Fiori, una de las plazas más animadas de Roma. No es un caso aislado. La resignada procesión de la trattoria al cajero más próximo es un fenómeno habitual por el centro de esta gran ciudad, donde turistas en pantalón corto se cruzan con residentes acomodados y políticos de traje. A finales de septiembre, sin embargo, esto empezará a cambiar.
 

“Estamos preparando un decreto que introduce sanciones para los que no acepten el cobro electrónico para cantidades superiores a los cinco euros”, anunció el viceministro de Economía, Luigi Casero. “El vendedor, artesano o profesional que no ofrezca esta posibilidad a su cliente será castigado con una multa de 30 euros”, explica Casero.
 

La vuelta de tuerca del Ejecutivo representa toda una revolución cultural en un país donde el 56% de los gastos de las familias sigue pagándose en efectivo y el 80% de las transacciones se realiza con billetes y monedas. Y no es que falten las maquinitas de cobro. En cinco años se han multiplicado el 60% los POSs. Hay dos millones, más de 32.000 por cada millón de habitantes, una media que supera la de la zona euro, que ronda los 25.000.
 

Los datos recogidos por la Universidad Politécnica de Milán cuentan también que todo italiano guarda en su cartera 1,7 tarjetas, en línea con sus conciudadanos europeos. Sin embargo, un italiano medio, en 2015, pagó con tarjeta 43,5 veces (frente a las 104 de un ciudadano de otro país del euro). Y la usó para compras superiores a 66 euros, mientras la media de los vecinos es de 48 euros.
 

Dar opciones al cliente
 

“Con las nuevas medidas, no obligamos a nadie a pagar con tarjeta, sino que se lo hacemos posible. Para que poco a poco todo el mundo vaya aprendiendo”, justifica el viceministro. La moneda virtual tiene dos principales ventajas, según el Gobierno. La primera, “no andar con mucho dinero”. “Es mucho más seguro”, argumenta Casero, quien dice que incluso la gestión del efectivo sale más cara que la del dinero virtual.
 

“Calculamos que gestionar el efectivo cuesta casi 10.000 millones al año a bancos y comerciantes por el transporte y la seguridad, y a los consumidores por los costes en el uso de cajero, robos o pérdidas”. Además, dice Casero, “en este país la evasión del IVA roza los 40.000 millones. Algo como el 3% del PIB. Limitando el uso de metálico atacamos ese inmenso submundo. Nuestra misión es llevar la luz a esa zona negra”, justifica.
 

“Poner multas no es la solución”, cuestiona Ernesto Ghidinelli de la Confcommercio, el gremio de comerciantes italianos. “Si hay que modernizar el sistema de cobro, hay que reducir las comisiones de cada transacción”, pide.
 

La asociación calcula que el POS cuesta unos 500 euros al año entre instalación y mantenimiento a cada comercio. Y lamentan el porcentaje que se queda el banco cada vez que algún cliente decide sacar su Visa o Mastercard. “Se cobra el 2% del precio. Es una cuota fija. Si entras en mi heladería y compras un cono de helado de tres euros, yo casi no gano nada”, argumenta Ghidinelli. Pide que el Gobierno acuerde con los bancos condiciones favorables. “Lo estamos haciendo”, responde el viceministro Casero.
 

No solo los profesionales tienen recelo al dinero virtual. También los ciudadanos. Casero dice que la mitad de la evasión del IVA es consensuada, es decir, que cliente y fontanero (por ejemplo) “pactan no dejar rastro de su negocio”. Es por ello que el Gobierno baraja la idea de desgravaciones fiscales para quien pague con tarjeta el taxi, el médico o el mecánico, para que la economía informal no siga dañando las arcas públicas. La ley deberá enfrentarse a una costumbre muy arraigada.
 

Fuente: El País, España