La iniciativa legislativa busca beneficiar a miles de ciudadanos peruanos que emplean la tecnología financiera y desarrollar normas que minimicen los fraudes financieros, lavado de activos, financiamiento al terrorismo. También se brindará a los usuarios un escenario regulado que proteja sus actividades en dichas plataformas digitales.

 

El proyecto de ley plantea incrementar la competitividad del país para alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. Asimismo, la iniciativa se compromete en promover y lograr la formalización de las actividades y relaciones económicas en todos los niveles.

 

 

Según lo indicado en la propuesta, estas son las acciones que tomaría el Estado:

 

- Garantizará un marco legal que promueva la formalización y la competitividad de la actividad económica.

 

- Procurará una simplificación administrativa eficaz y continua, y eliminará las barreras de acceso y salida al mercado.

 

- Promoverá una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, financieros y de capitales.

 

- Propiciará una política tributaria que no grave la inversión, el empleo y las exportaciones.

 

- Promoverá el valor agregado de bienes y servicios e incrementará las exportaciones, especialmente las no tradicionales.

 

- Garantizará el acceso a la información económica.

 

- Fomentará la investigación, creación, adaptación y transferencia tecnológica y científica.

 

- Facilitará la capacitación de los cuadros gerenciales y de la fuerza laboral.

 

- Construirá una cultura de competitividad y de compromiso empresarial con los objetivos nacionales.

 

 

El proyecto señala que las fintech se presentan como una excelente herramienta para mejorar la gran brecha que se tiene en el Perú en términos de inclusión financiera, toda vez que gran parte de las unidades empresariales (97%), son entidades empresaria/es clasificas como micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales se encuentran excluidas financieramente, repercutiendo así en su competitividad y por ende en los beneficios de los millones de ciudadanos que al día de hoy hacen parte de estas unidades productivas.