La primera "PSD" se publicó en 2007 y se adoptó en España mediante la Ley 16/2009, de servicios de pago. 

 

Entre otras cosas, la primera PSD, cimentó la consecución de la llamada zona SEPA (o "Zona Única de Pagos en Euros"), garantizando que los pagos en euros entre distintos Estados de la UE se prestaban bajo las mismas condiciones que los pagos domésticos. La PSD2 da un paso más en la armonización de los pagos electrónicos en la UE y su implementación en España conllevará novedades importantes. 

 

En primer lugar, la PSD2 incluye nuevos e importantes derechos para los usuarios de los servicios de pago. Entre estos derechos, destaca la prohibición absoluta de que los comercios realicen los llamados "recargos" por pagar con cualquier instrumento de pago electrónico. La PSD2, también limita la responsabilidad de los usuarios que sean víctimas de operaciones fraudulentas a un máximo de 50 euros y garantiza que cualquier reclamación del usuario a su entidad se resuelva en un máximo de 15 días. 

 

 

El real decreto-ley también extiende las medidas de protección y transparencia previstas para consumidores a las "microempresas" (entidades con menos de 10 trabajadores y una facturación inferior a 10 millones de euros anuales). En segundo lugar, la PSD2 endurece las medidas de seguridad que aplican a los pagos electrónicos. En este sentido, incluye el mandato de realizar "autenticación reforzada del cliente", cada vez que un usuario realice un pago o acceda a su cuenta. 

 

Esto quiere decir que, en teoría, los usuarios deberán autorizar todos los pagos electrónicos utilizando "dos factores de autenticación". Esto supone que, para que pueda realizarse cualquier pago, el usuario deberá, por ejemplo, introducir una contraseña que ya conozca, seguida de un código que reciba a través de un SMS.Finalmente, la PSD2 introduce el concepto de open banking, obligando a los bancos a que concedan acceso a terceros a las cuentas de sus clientes. 

 

A cambio, estos terceros prestarán nuevos servicios que, fundamentalmente, consistirán en poder pagar sin tarjeta de pago en comercios electrónicos (denominado "servicios de iniciación de pago") y apps que permitan ver de forma consolidada la información financiera. 

 

Los terceros que decidan prestar estos servicios deberán convertirse en entidades reguladas y estarán sometidos a la supervisión del Banco de España. Aunque la PSD2 se aprobó en diciembre de 2015 y ya está transpuesta en casi todos los países de la Unión Europea (España era de los últimos de la lista), su implementación aún está plagada de dudas y cuestiones prácticas por resolver. A la cabeza de esas dudas y del debate que todavía hoy existe, están las condiciones en las que los bancos deberán dar acceso a las cuentas a terceros y, en concreto, el alcance de la información que deberán proporcionar.

 

También quedan por resolver muchas cuestiones en relación con la implementación de las medidas de autenticación reforzada. En este sentido, se prevén operaciones de pago que, por sus condiciones, estarán exentas de aplicar esos "dos factores de autenticación". 

 

La implementación de dichas exenciones es de gran importancia, puesto que de ello depende mantener modelos de pago que han jugado un papel fundamental en la innovación y el comercio electrónico, como el pago el 1 click o los pagos contactless. Aunque el real decreto-ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, la mayoría de sus disposiciones no serán aplicables hasta dentro de tres y, además, el open banking y las obligaciones de autenticación no serán exigibles hasta septiembre de 2019.

 

Fuente: Expansión