La adaptación al ordenamiento jurídico español, el pasado 25 de noviembre, de la directiva europea de servicios de pago (conocida popularmente como PSD2) ha provocado que el Banco de España haya tenido que volver a examinar las licencias de varias filiales bancarias y otras compañías especializadas en el crédito al consumo y la emisión de tarjetas.

 

En concreto, las entidades sometidas a examen han sido las filiales bancarias que tienen la consideración de establecimientos financieros de crédito y entidades de pago híbridas (es decir, que se dedican indistintamente a la emisión de tarjetas y a la financiación al consumo): CaixaBank Consumer Finance, CaixaBank Payments, Bankinter Consumer Finance y EvoFinance.

 

Además, otras ocho compañías no bancarias que se dedican a los negocios del crédito al consumo y las tarjetas han tenido que obtener una nueva autorización por parte del supervisor bancario español. Son la financiera de Carrefour (Servicios Financieros Carrefour), Solred (negocio de tarjetas de Repsol), Oney Servicios Financieros, GCC Consumo, BMCE Euroservices, United Europhil, MytripleA Financiación y la Sociedad Conjunta de Emisión, Gestión y Medios de Pago.

 

«Todas los establecimientos de crédito y entidades de pago con la consideración de híbridos (con negocios de tarjeta y de financiación) han tenido que pasar por un proceso de convalidación de sus licencias. El Banco de España ha requerido numerosa documentación y ha comprobado que todas cumplíamos con la normativa», explica un alto cargo de una de las entidades bancarias afectadas, que señala que todos los bancos implicados han podido obtener la reautorización tras este trámite.

Una nueva competencia del Banco de España

 

El origen de estas revisiones está en la entrada en vigor de la normativa PSD2 en España. La nueva legislación habilitó al Banco de España a ser quien autoriza en exclusiva las licencias para operar de estas sociedades. Antes, esta facultad recaía en el Ministerio de Economía, mientras que el papel del supervisor bancario se limitaba a remitir un informe con su opinión, no vinculante.

 

El Banco de España, al erigirse ahora como la única autoridad competente a la hora de conceder licencias a estas entidades de pago híbridas, ha optado por requerir a todas las existentes para que se sometan a una revisión de sus procedimientos, documentación y situación legal en general.

 

«Hasta el 25 de enero, las entidades han tenido tiempo para remitir toda la documentación requerida», explica José María Olivares, socio de la consultora especializada en regulación bancaria finReg, que añade que a partir de ese momento, «el Banco de España tiene hasta el 25 de marzo para comprobar si se cumplen todos los requisitos. Lo lógico es que no se le quite ninguna licencia a nadie», opina.

 

La PSD2 recién añadida al ordenamiento jurídico español es una de las regulaciones financieras que más trabajo han supuesto a las entidades bancarias en Europa. Esta nueva norma está diseñada por los legisladores comunitarios con el objetivo de dinamizar los mercados y la competencia entre entidades financieras y potenciales nuevos entrantes (sobre todo, empresas tecnológicas).

 

Las dos grandes áreas de negocio que posibilitará la PSD2 serán la iniciación de pagos (es decir, pagos digitales, a través de aplicaciones móviles u otras tecnologías) y la agregación de pagos (aplicaciones para agrupar en un solo dispositivo todos los movimientos de distintas cuentas). La nueva regulación supone liberalizar y dar la entrada a nuevos competidores no bancarios, según explican fuentes del sector, que no obstante recalcan que al haber ahora un marco legal definido cualquier firma «tendrá que atender a muchos más procedimientos y requisitos legales, de forma que la licencia es una garantía de que se cumplen los mismos», indican.

 

Fuente: Expansión