Con sede en Ginebra e impulsado por Microsoft, el Cyberpeace Institute, cuenta con el respaldo de otras grandes compañías e instituciones, como Mastercard o la Hewlett Foundation. 

 

Su objetivo: proteger a la sociedad civil y asistir en su recuperación si se ven afectadas por ciberataques y ciberguerras y, en última instancia, abrir el debate sobre la necesidad de redactar un equivalente a la convención de Ginebra para internet y el ámbito digital.

 

Según el CyberPeace Institute los ciberataques afectan a cada vez más personas e infraestructuras civiles a lo largo y ancho del mundo.

 

Este tipo de ataques además tienen el potencia de destruir empresas, paralizar economías y afectar al funcionamiento de servicios gubernamentales.

 

Además amenaza a infraestructuras críticas como las redes eléctricas y a la convivencia social, por ejemplo cuando interferir en el sistema electoral.

 

El instituto cuenta con un Consejo Ejecutivo de siete miembros y un Consejo Asesor de 14 miembros, entre los que figuran distinguidos expertos mundiales de ciberseguridad, Derecho internacional, Derechos Humanos y asuntos internacionales.

 

"La ciberseguridad es actualmente uno de los temas más críticos, y la reciente escalada de ciberataques amenazan y a menudo dañan la vida y los recursos de los civiles," dicen desde Microsoft.

En mayo de 2017 el ataque de WannaCry tardó sólo unas horas en afectar a más de 300.000 ordenadores en 150 países. Mes y medio después NotPetya afectó al 10 por ciento de los ordenadores en Ucrania, paralizando negocios, servicios básicos, bancos y multinacionales.

 

Desde hace tiempo expertos en seguridad y defensores de los derechos humanos plantean la necesidad de redactar un convenio que proteja a los civiles de ciberataques y de la ciberguerra, esos campos de batallas separados pero cada vez más interrelacionados.

 

Una versión digital de los Convenios de Ginebra, que desde hace más de un siglo tratan de proteger vidas inocentes y de civiles en los conflictos militares, sería clave para proteger a los civiles de los daños en futuros conflictos cibernéticos, según los expertos.