El documento, denominado “Dinero Digital en Argentina (IDDA)”, pretende incentivar el proceso de digitalización de los pagos de la mano de una interacción entre el sector privado y público -en sus tres niveles de gobierno- para así “revertir situaciones que favorecen el dinero en efectivo”.
 

Según estimaciones esta cámara en que se agrupan los bancos de capital, en marzo de 2022 se extrajeron $1,5 billones en efectivo de los bancos ($900.000 millones de cajeros automáticos y $600.000 millones en retiros por ventanilla en sucursales). “Si fueran papeles de $1000 solamente, los de mayor denominación, significaría el movimiento de unas 15.000 toneladas de papel. Y no es cualquier papel: su manejo tiene costos logísticos muy importantes”, apuntó su presidente, Javier Bolzico, al presentar la iniciativa ante la prensa.
 

El informe detalla que durante 2020, sólo los gastos en materiales para emisión monetaria, ascendieron a US$118 millones. “A esto se debe adicionar los gastos de atesoramiento, transporte y destrucción del efectivo, mientras que la huella de carbono que por año causa el uso del efectivo en Argentina es equivalente a tener 20.000.000 de lámparas encendidas un día o que un auto realice 1000 vueltas a la tierra”, aseguró Adeba.
 

La propuesta que realiza para reducir el uso de efectivo incluye la implementación de cambios impositivos para alentar los pagos digitales, un límite a las operaciones cash y propugna mejoras en los sistemas de pagos.
 

En lo impositivo boga por reducir de 0,6% a 0,3% el Impuesto a los Débitos y Créditos (“impuesto al cheque”) en las transferencias que no involucren dinero en efectivo y que no superen el millón de pesos, ya que, actualmente, se paga la misma alícuota si el débito es por trasferencia o es un retiro en efectivo.
 

Según Adeba, es un impulso que tendría un impacto fiscal directo mínimo y otro indirecto positivo en la recaudación por mayor formalización de la actividad económica”.
 

Además, propone reducir al 0,1% las percepciones y retenciones de Ingresos Brutos, IVA y Ganancias que se hacen sobre operaciones pagadas con tarjetas de débito y crédito. “Esto permitiría al responsable inscrito pagar 2,5% de retención de impuestos por sobre el volumen vendido en lugar del 8,49%, en el caso de las compras hechas con tarjeta de crédito, y de 1,3% en lugar de 4,41% para los pagos con débito”, ejemplarizaron.

Con alta inflación los billetes envejecen más pronto y complican la operatividad
 

El trabajo propone que regrese la devolución de IVA para todos los pagos con tarjeta de débito por hasta $1.000.000 por mes, actualmente está limitada a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. ”Generaría un claro incentivo económico para utilizar el dinero electrónico y desalentar el uso del efectivo”, sostienen y el impacto fiscal “sería moderado, ya que se estimularía el uso de tarjeta de débito, lo que probablemente aumente la formalización de la economía”, señaló el documento.

 

Adeba le pide además al Banco Central (BCRA) que limite la gratuidad de los depósitos en efectivo solo a operaciones de hasta $1 millón y las extracciones a sólo $150.000. “Eso mantendría sin costos los depósitos del 99% personas humanas y del 80% personas jurídicas, y el 90% de las personas en el caso de las extracciones, pero soluciona el 35% del volumen”.
 

Por último, proponen crear una central de prevención de fraude digital y que los pagos de las personas con asistencia social se realicen por transferencias, entre otras cuestiones.
 

La propuesta llega tras las múltiples quejas presentadas por los bancos frente al BCRA por los altos costos logísticos y de seguros que derivan del transporte de efectivo ante la decisión oficial de resistirse a emitir billetes de mayor denominación, pese a que el de $1000 ya ni siquiera cubre una compra alimentaria básica.