El legislador Derlis Osorio explicó que con el proyecto de ley "se pretende establecer estándares mínimos de protección del usuario" de la tarjeta de créditos.
 

Bajo el título de "Ley que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de tarjetas de créditos", Osorio dice que su planteamiento busca obligar a los emisores del dinero de plástico a mantener un sistema de información clara a clientes de este mecanismo comercial. "Se busca evitar el sobreendeudamiento del usuario muchas veces sin la suficiente información sobre las ventajas y desventajas para el financiamiento de diversos tipos de bienes y servicios", agregó.
 

"El emisor (banco, financiera y supermercado, casa comercial) estará obligado a disponer de un sistema de consulta vía internet a través del cual el titular podrá acceder a información actualizada en tiempo real sobre la utilización de la tarjeta de crédito", expresa el proyecto en uno de sus artículos.
 

Señala que serán nulos los contratos en los cuales el emisor de la tarjeta de crédito imponga "intereses compensatorios o moratorios en forma de capitalización de intereses o cobros de interés sobre interés". También serán nulos los contratos "que faculten al emisor (de la tarjeta de crédito) modificar unilateralmente las condiciones del contrato", sostiene la propuesta.
 

Tampoco tendrán validez los contratos en los cuales se "imponga un monto fijo por atrasos en el pago de su deuda", señala otro artículo del proyecto.
 

Una siguiente disposición expresa que "todo cobro efectuado por el emisor, en concepto diferente al de la compra de bienes y servicios por parte del usuario de la tarjeta de crédito, como emisión de tarjetas, comisiones, reclamo extrajudicial u otros similares, no generará intereses en los primeros 90 días".
 

Indica también que "cualquier tipo de recargo" sobre comisión, mora o seguro "deberá estar previamente establecido en el contrato".
 

Hay preocupación 
 

Para Darío Arce, vicepresidente ejecutivo de Interfisa Financiera, es preocupante que se gestionen proyectos de normativas que afecten de alguna forma o medida al sistema financiero y que no hayan tenido la aprobación o respaldo del Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Bancos, que es el órgano supervisor de las intermediarias en el país. Reconoció que tomó por sorpresa a los técnicos de la banca matriz.
 

Fuente: Abc, Paraguay