El Ministerio de Economía español quiere aplicar este año el Reglamento sobre Tasas de Intercambio, la propuesta comunitaria del eurodiputado popular Pablo Zalba por la que se limitarán las comisiones de las tarjetas de crédito y débito desde el 2 por ciento actual al 0,3 por ciento y al 0,2 por ciento, respectivamente.
 

La propuesta, que tiene el visto bueno del Parlamento Europeo, está siendo discutida por Bruselas, y el departamento que dirige Luis de Guindos quiere que España sea el primer país europeo en rebajar el coste de operar con estos medios de pago. 
 

El triple que en la UE
 

Según las estimaciones de Economía, las comisiones que se pagan en España por el uso de las tarjetas de crédito y débito triplican la media europea, una brecha que es incluso más amplia en el caso de las operaciones pequeñas. Además, las cuotas de mantenimiento anual se han disparado durante la crisis, y es otro de los ámbitos que podrían sufrir un cambio normativo para rebajar el precio que pagan los clientes.
 

En 2006, la cuota media era de 13,21 euros en el caso de las de débito, un coste que en 2012 creció hasta los 20,02 euros, un 51,5 por ciento más, según los últimos datos del Banco de España. En el caso de las tarjetas de crédito, que son más caras de mantener, la cuota media anual se situó en los 37,48 euros en 2012, un 36,8 por ciento más que los 27,39 euros a los que ascendía en 2006.
 

La posible pérdida de ingresos de las entidades por la rebaja de las comisiones se compensaría de forma natural por el aumento del volumen de negocio en los pagos con tarjeta de crédito. De hecho, las mismas fuentes recuerdan que La Caixa rebajó las comisiones que cobraba por los pequeños pagos y este movimiento le permitió registrar un fuerte incremento de las ventas mediante esta operativa.
 

Actualmente, el Reglamento sobre Tasas de Intercambio está inmerso en una negociación a tres bandas entre el Consejo Europeo, el Parlamento y la Comisión, y el objetivo de Bruselas es que la norma sea tramitada para su posterior aprobación durante la presidencia italiana, que comienza el próximo 1 de julio y que relevará al actual gabinete griego. De salir adelante, la norma podría entrar en vigor el próximo ejercicio.
 

Fuentes comunitarias señalan que la propuesta de la que Zalba es ponente ha contado desde el primer momento con un fuerte apoyo del Gobierno de Mariano Rajoy, especialmente del Ministerio de Economía, que es el principal valedor de la iniciativa. El pasado 3 de abril, Zalba señaló que el Reglamento «supone un gran avance en el sector de los servicios de pago, ya que se fomenta la armonización regulatoria y el establecimiento de un marco equivalente en el mercado interior».
 

La Comisión Europea (CE) cifró en 10.000 millones de euros anuales el sobrecoste que suponen las comisiones por operar con tarjeta de crédito y débito, y considera que rebajar su coste estimulará su utilización en detrimento del pago en efectivo. Ello «beneficiará a minoristas y consumidores y contribuirá a la competencia leal, a la innovación y a la entrada en el mercado de nuevos operadores», destaca el PP en una nota.
 

Lucha contra la economía sumergida
 

La progresiva limitación de los pagos en efectivo y el fomento de la operativa con tarjeta de crédito es una de las armas del Ejecutivo para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal. 
 

Las operaciones realizadas en los Terminales de Punto de Venta (TPV) quedan registradas, y el Ministerio de Hacienda ya limitó el año pasado los pagos en efectivo hasta los 2.500 euros. El aumento de los desembolsos con tarjeta de crédito aportará además ingresos adicionales a la Agencia Tributaria. Según un estudio de Visa, un crecimiento anual del 5% en esta operativa podría reducir la economía sumergida en 20.000 millones de euros adicionales, lo que dejaría en las arcas del Estado hasta 4.000 millones sólo por IVA.
 

Fuente: La Razón, España