El documento plantea que ningún operador extranjero podría ofrecer tokens en la UE a menos que la Comisión Europea determine formalmente que el marco regulatorio de su país de origen es equivalente al europeo. Dado que Estados Unidos carece actualmente de una normativa comparable, la propuesta podría dejar fuera del mercado comunitario a los principales emisores de stablecoins vinculadas al dólar.
 

El foco de la iniciativa son las denominadas stablecoins de emisión múltiple, aquellas emitidas simultáneamente en varias jurisdicciones con reservas distribuidas entre ellas. El riesgo que identifican ambos países es concreto: si los tenedores europeos intentan liquidar sus posiciones en simultáneo, la porción de reservas radicada en la UE podría resultar insuficiente, mientras que los fondos restantes quedarían sujetos a regulaciones extranjeras que podrían demorar o impedir su transferencia.

 

Para mitigar ese riesgo, la propuesta exige garantizar que los activos de reserva puedan movilizarse de forma inmediata desde la jurisdicción no europea hacia la UE ante cualquier déficit de liquidez localizado, incluso en contextos de crisis. Si esa garantía no puede cumplirse, o si el emisor incumple sus normas locales o actúa en perjuicio de los tenedores europeos, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) estaría obligada a prohibir la operación del token en el bloque.
 

La propuesta eleva el debate sobre las stablecoins del plano técnico al político, enmarcándolo explícitamente en términos de estabilidad y soberanía financiera de la UE.