La propuesta, aprobada por el Directorio del BCU para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas, parte de un principio rector: los usuarios son propietarios de los datos que generan en sus transacciones financieras. Bajo ese marco, el sistema permitirá que personas y empresas compartan su información de manera segura con instituciones registradas, siempre mediante consentimiento previo, expreso e informado, con el fin de acceder a servicios en condiciones más favorables.
 

La iniciativa forma parte de los objetivos previstos para 2026 dentro de la Hoja de Ruta del Sistema de Pagos 2026-2030, alineándose con la agenda nacional de transformación digital. Concebido como una infraestructura regulada, interoperable e interconectada, el Sistema de Finanzas Abiertas busca fortalecer la interoperabilidad, la seguridad, la competencia y la innovación, habilitando el ingreso de nuevos actores y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades del mercado.

Entre sus beneficios, el sistema habilitará no solo servicios basados en el acceso a la información, sino también la iniciación de operaciones de pago por parte de terceros registrados. Asimismo, el uso consentido de datos transaccionales permitirá complementar los mecanismos tradicionales de evaluación de riesgo, mejorando el acceso al financiamiento, en especial para quienes cuentan con escaso historial crediticio.
 

El anteproyecto establece además un marco regulatorio que garantiza elevados estándares de seguridad y protección de la información, sustituyendo prácticas actuales por canales regulados y seguros.