México dio un nuevo paso en la digitalización de su economía con la publicación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que entró en vigor el 5 de noviembre de 2026. La legislación establece un marco para promover la utilización de medios de pago electrónicos en operaciones comerciales, trámites y servicios públicos.
 

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar sectores estratégicos y actividades en los que los medios electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago aceptada.
 

La Secretaría dispone de un plazo de 15 días hábiles desde la entrada en vigor de la ley para identificar esos sectores. Posteriormente, las autoridades competentes tendrán otros 15 días hábiles para establecer las condiciones de implementación, incluyendo los mecanismos y plazos para una transición gradual desde el efectivo.
 

La legislación contempla excepciones para situaciones de contingencia que impidan realizar pagos digitales, en cuyo caso se permitirá utilizar efectivo o cheques.
 

La nueva ley también incorpora disposiciones relacionadas con la infraestructura de aceptación de pagos.

En particular, faculta al Banco de México a emitir regulaciones, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que las entidades que ofrecen servicios de aceptación de tarjetas mediante terminales POS permitan también recibir pagos con códigos QR, conforme a las especificaciones técnicas y operativas que establezca el banco central.
 

Asimismo, el Banco de México podrá desarrollar herramientas para facilitar las transferencias electrónicas y establecer criterios para homologar la experiencia de uso de las aplicaciones financieras.
 

La legislación también reconoce la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos para facilitar la identificación y contratación digital de servicios financieros.
 

Por otra parte, establece que las autoridades de los distintos niveles de gobierno deberán adoptar las medidas necesarias para aceptar medios de pago digitales en trámites y servicios.
 

La implementación efectiva de estas disposiciones dependerá de la reglamentación que emitan las autoridades competentes. Sin embargo, el nuevo marco legal abre la posibilidad de ampliar la aceptación de pagos electrónicos, fortalecer la interoperabilidad y reducir las barreras de acceso a los servicios financieros digitales.